Una aproximación particularista para el establecimiento de principios de justicia distributiva en el ámbito de la educación

Abstract

El articulo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 sostiene el derecho de toda persona a la educación Los Estados que adoptaron esta declaración, entre ellos la Argentina, han admitido su obligación de proveer a sus ciudadanos de una educación gratuita y obligatoria, al menos en el nivel de instrucción elemental, así como también de garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a la instrucción técnica o profesional y a los estudios superiores, en función de los méritos respectivos. El reconocimiento de que la educación constituye un bien social básico, imprescindible para el desarrollo individual y colectivo, pone de manifiesto la pertinencia de su análisis desde la perspectiva de una teoría de la justicia.

<i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i>