El dato más relevante que emerge de los resultados de las elecciones en Bolivia del pasado 18 de octubre, es que finalmente el país tendrá un gobierno que cuente con una fuerte legitimación dada por el voto popular para establecer el rumbo que va a seguir el país. Luis Arce logró más del 50% de los votos, y su Movimiento Al Socialismo (MAS) accedió a la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa. Una solidez indiscutible, y particularmente necesaria para encarar el difícil periodo que se abre para Bolivia -y para todo el continente- en la tan deseada post-pandemia.
El problema de la legitimación democrática no es menor. En los últimos 11 meses Bolivia fue gobernada por una coalición surgida del acercamiento de sectores muy heterogéneos, encabezados por la presidente Jeanine Añez, que se hicieron del control del Estado tras el golpe contra el ex presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Lo que debía ser un ejecutivo interino, dedicado exclusivamente al nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a nuevos comicios, intervino con fuerza en todos los ámbitos de acción estatal sin contar con la legitimidad que ello requiere.