Aunque el problema de la provisión de infraestructura con derrames interjurisdiccionales ha sido ampliamente abordado en la literatura de finanzas públicas, recién los trabajos de Sandler, y Arce y Sandler se ocupan de estudiarlo en el contexto de dos o más países distintos, dando nacimiento al concepto de Bienes Públicos Regionales (BPR). La recomendación habitual de toda la literatura previa al mencionado trabajo de Arce y Sandler indicaba que si un bien público particular no estaba acotado territorialmente sino que por el contrario producía beneficios (o perjuicios) que se derramaban a otras localidades, resultaba óptimo proveerlo en un nivel jurisdiccional mayor, usualmente el estadual o federal.
Obviamente en el caso de BPR normalmente no existe un nivel supranacional que, disponiendo de un presupuesto global o regional, pueda asignar eficientemente estos bienes teniendo en cuenta todas las externalidades que generan, lo que normalmente conduce a niveles de provisión subóptimos, con los consecuentes problemas que surgen cuando existen derrames que afectan negativamente a un tercer país.
Con ese tipo de problemas en mente y considerando a la gobernabilidad, según la definición de Cimadamore, como “la capacidad colectiva de resolver los problemas que existen entre los Estados que forman parte del proceso integrador”, el propósito de este trabajo es el de estudiar el efecto que las asimetrías socioeconómicas de los países miembros de un esquema de integración producen en términos de una mayor o menor cooperación para la provisión de bienes públicos regionales y sus consecuencias en materia de gobernabilidad.