La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 9 de junio de 1994 y entró en vigor en marzo 1995, marcando un hito al constituirse en el primer instrumento de derechos humanos que específicamente consagra la responsabilidad estatal en garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y las niñas, pero a su vez, incluye medidas concretas para la sanción de las múltiples violencias, estereotipos e incorpora responsabilidades obligatorias en el campo de las políticas públicas.
La Convención se suma al corpus de derechos humanos y establece que las garantías para vivir una vida libre de violencia y de estereotipos constituyen un derecho humano de las mujeres y de las niñas, y, por lo tanto, implican una obligación para cada Estado.