La Constitución Política de Chile después del movimiento “Chile Despertó”: apuntes para su consideración como dispositivo de gubernamentalidad ambiental

Abstract

La conflictividad socioambiental es una expresión de la creciente complejización del movimiento social, siendo Chile el segundo país con el mayor número de conflictos en Latinoamérica. La Revuelta iniciada en octubre de 2019 —y que continúa hasta el día de hoy— ha puesto en cuestión la Constitución Política de la República, creada en 1980 y considerada como una de las principales herencias político-institucionales de la Dictadura. En este contexto, se propone ampliar la comprensión de los mecanismos institucionales claves del neoliberalismo chileno desde la noción de ―gubernamentalidad ambiental‖, fundamentada en las teorías foucaultianas del poder. Buscando identificar los efectos no esperados de la Carta Magna, este estudio avanza desde un enfoque de ecología política comparativa, usando casos múltiples a partir de inventarios online de acceso abierto. De esta manera, la presente investigación analiza cualitativamente una muestra de casos de conflictos socioambientales tomados de la base de datos del Mapa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Los resultados muestran cómo este dispositivo ha servido en ciertos casos para articular la defensa legal y comunitaria ante importantes proyectos mineros, en los cuales sus garantías constitucionales han sido utilizadas en conflictos emblemáticos para retrasar y/o detener la territorialización minera. El análisis de la compleja genealogía de los dispositivos claves del neoliberalismo ambiental en Chile (Vergara-Cáceres, 2019) muestra como la transición y las políticas públicas de los gobiernos de la concertación/nueva mayoría y Piñera profundizan el modelo al buscar contrarrestar el uso de la constitución como dispositivo legal contra la actividad minera extractivista. Estas conclusiones son relevantes en el escenario de profundización del extractivismo a partir de la pandemia Covid-19 y especialmente ante el proceso de reforma constitucional impulsado por los partidos políticos chilenos, en un escenario de alta impunidad a las violaciones de derechos humanos ocurridos desde el estallido social.