En el presente trabajo exploraré la posibilidad de aplicar el principio de progresividad y de prohibición de la regresividad —que rige la interpretación en materia de derechos económicos sociales y culturales— como un criterio para el escrutinio de constitucionalidad y convencionalidad de las nuevas leyes de Responsabilidad del Estado (ley 26.944) y de Regulación de las Medidas Cautelares en Causas en las que el Estado es Parte o Interviene (ley 26.854). Esta indagación está motivada en la lectura de sendos trabajos de autoría del profesor Martín Espinoza Molla en los que analiza, tanto la ley 26.944 como la ley nacional 26.854, concluyendo que ambas violentan la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) al establecer criterios normativos regresivos en los ámbitos que legislan.
Las posturas que desarrollaré al respecto no pretenden alcanzar ninguna verdad absoluta, sino que son una invitación a un debate necesario en esta época de reformas legislativas, de reconocimiento y de reglamentación de innumerables derechos fundamentales, fruto de históricas luchas sociales que hoy se ven plasmadas en una nueva construcción jurídica e institucional.