Al analizar la problemática de las personas mayores en el contexto de pandemia, observamos que las necesidades de socialización constituyeron una demanda específica que requirió visi- bilizarse y reivindicar derechos. El cierre de espacios sociales como consecuencia del contexto ASPO afectó profundamente su calidad de vida además de profundizar las situaciones de vulnerabilidad social vinculadas a problemáticas habitacionales, de salud, de ingresos económicos insuficientes y a la ausencia de redes vinculares próximas, entre otras necesidades.
La política pública en el ámbito de la Ciudad de Bs. As. se orientó a la asistencia alimentaria como principal medida y al sostenimiento de servicios mediante la generación de canales alternativos de atención y asesoramiento. Asimismo, se generaron instancias de reproducción de prácticas sociales con fuerte impronta filantrópica, a la vez que nuestra labor profesional sufriera transformaciones respecto del tipo de demandas y modalidades de abordajes.
La construcción del campo disciplinar es siempre conflictiva porque implica un entramado complejo que deviene del interjuego de relaciones con otros actores, donde es el Estado quien define la cuestión social, las necesidades, sus formas de resolución y mecanismos.
Lo que nos lleva a pensar inmediatamente en la siguiente pregunta: frente a las dificultades que atravesó la Política Pública para reconstruir sus lógicas de protección, ¿cómo se concibe a las personas mayores cuando se formulan políticas de “cuidado”? ¿Qué orientaciones debe definir una política pública orientada a lograr un sistema de protección social ciudadanizador? Y finalmente preguntarnos, sabiendo que la pregunta motivará andares epistemológicos más complejos: ¿es posible pensar en procesos de autonomía en Trabajo Social en este contexto? ¿Qué reivindicaciones resultan necesarias formular para generar procesos de legitimación disciplinar en el ámbito gerontológico?