Es ineludible reclamar un proyecto nacional de cultura que guíe las políticas locales adaptadas a las posibilidades, demandas y vicisitudes del entorno. En el que las producciones artístico-culturales –que a veces no son mesurables por su cualidad de efímeras, como las obras de arte mural en la vía pública, la realización de producciones editoriales independientes o la inminencia de espacios culturales autogestivos, en suma, un acervo artístico cultural que representa lo propio–, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, requieren ser tratadas con decisiones acordes a sus necesidades.
Para ello, es preciso desmitificar la noción de política pública cultural –construida desde las acciones de formación y de capacitación para profesionales vinculados al arte y la cultura y a la gestión de espectáculos culturales por parte del gobierno, asistido por el mercado tendencioso–, direccionando los financiamientos hacia el sector de industrias creativas culturales. Entonces, se podrían anticipar hipótesis e interrogantes: ¿Hacia dónde deben apuntar las políticas culturales, hacia una democracia cultural? ¿Quién las define? Las políticas públicas culturales, ¿son condición del arte contemporáneo o un escenario para el convenio de campañas políticas de los gobiernos de turno?