Hace cerca de tres meses se iniciaba la Operación Militar Especial de la Federación Rusa en Ucrania, tal como el régimen de Vladimir Putin se ha referido a la invasión al territorio de Ucrania, que perseguía (entre otros objetivos declarados) garantizar la seguridad de Moscú, a través de instrumentos escritos, formalizando los compromisos que los Estados Unidos le aseguró a la Federación en 1990; neutralizar el aparato militar ucraniano y “desnazificiar” al gobierno de Kiev.
La comunidad internacional se vio sorprendida por la envergadura del esfuerzo bélico ruso en tierra ucraniana desde el 24 de este año, a pesar de las persistentes denuncias de la inteligencia anglosajona de la inminencia de la agresión a Kiev desde fines de 20213, constantemente negadas al máximo nivel por Moscú, a pesar de todas las evidencias que indicaban lo contrario: la agresión a Georgia en 2008, la constante injerencia del régimen de Putin en Ucrania, la secesión de Crimea en 2014 (y posterior anexión a la Federación en marzo de ese año), el apoyo en todos los sentidos dados a los “separatistas” prorurrusos de la región del Donbass (Donetsk y Luhansk desde 2014) y la magnitud de los ejercicios militares rusos y bielorrusos desde setiembre y octubre de 2021 en la frontera del territorio ucraniano.