Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): su carácter de servicio público esencial y estratégico en competencia

Abstract

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 690/2020 que estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia constituye una medida de restablecimiento de potestades del Estado otrora presentes en la Ley N° 27.078 Argentina Digital. La medida, al considerar a la conectividad como derecho, responde a los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos y en particular del derecho humano a la comunicación. El objetivo es aportar antecedentes, sistematizar información dispersa, y brindar insumos documentales sobre el carácter del servicio público de las TIC, el derecho humano a la conectividad y la necesidad de un Estado regulador que lleve adelante políticas públicas interministeriales e intersectoriales, que garantice los derechos de los usuarios de manera universal, atienda las desigualdades sociales y a la vez promueva inversiones y desarrollo del sector con responsabilidad social.

The Necessity and Urgency Decree No. 690/2020, which established that Information and Communications Technology (ICT) Services and access to telecommunications networks for and between licensees and licensees of ICT services are essential and strategic public services in competition constitutes a measure of reestablishment of powers of the State present in Law 27.078 Argentina Digital. Considering connectivity as a right, the measure responds to international and inter-American human rights standards and, in particular, the human right to communication. The objective is to provide background, systematize scattered information, and provide documentary inputs on the nature of the ICT public service, the human right to connectivity and the need for a regulatory State that carries out inter- ministerial and inter-sectorial public policies that guarantee the rights of users in a universal way, address social inequalities and at the same time promotes investments and development of the sector with social responsibility.