El pasado 11 de noviembre, los separatistas pro-rusos de las regiones del este de Ucrania de Donetsk y Lugansk, reafirmaron su presencia al llevar a cabo elecciones para elegir nuevos gobernantes. Diez días antes, Angela Merkel abogaba por prologar las sanciones contra Rusia por el papel jugado por esta en la escisión del territorio ucraniano.
Poco más de cuatro años han pasado desde que los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza, impusieran sanciones a Rusia. Con el objetivo de detener la acción de esta última contra Ucrania, para poder restaurar su soberanía sobre todo su territorio y la península de Crimea, los mencionados países sancionaron a diversas personalidades rusas, confiscando sus cuentas bancarias, revocándoles permisos de viajes, impidiéndoles la realización de negocios en suelo occidental. Se esperaba de esta forma, que estos personajes ejercieran presión sobre el gobierno ruso para que este se retirara de Ucrania. Las represalias de carácter económico financiero demostraron la inoperancia de las anteriores mencionadas.
Las nuevas represalias se enfocaron a sectores claves de la economía rusa, como el sector energético, militar y financiero comercial. Desde entonces, han dificultado a las grandes empresas y bancos rusos vinculados al Kremlin, la obtención de financiamiento de las instituciones financieras occidentales. Los proyectos de inversión conjuntos entre las compañías norteamericanas y europeas con las rusas se detuvieron al instante. La capacidad de endeudamiento de Moscú se redujo significativamente. La economía, ciertamente, recibió un duro golpe. Aun así, los objetivos planteados por los países anteriormente mencionados, no se alcanzaron.