Las mujeres contamos hoy con valiosas herramientas legales de origen internacional para defender nuestros derechos, frente a las consecuencias del sistema de dominación patriarcal que sigue imperando en nuestras sociedades, y cuyas manifestaciones pueden subsumirse en los fenómenos de la violencia y de la discriminación contra las mujeres. La adopción de esta normativa se ha debido a la incansable lucha de las mujeres y sus movimientos, en pos del reconocimiento y la protección de los derechos de las humanas por los Estados, y por la Comunidad Internacional en su conjunto.
Sin embargo, el conocimiento sobre la existencia y las posibilidades de utilización de estos instrumentos, imprescindibles para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres, dista aún mucho de estar todo lo extendido que debiera. Así, es frecuente encontrar cómo las propias mujeres desconocen estos instrumentos y la forma de emplearlos, lo que favorece que quienes son responsables de su efectiva aplicación –esto es, todos los poderes, instituciones y funcionarios/ as de los Estados– incumplan en gran medida y sin consecuencias las obligaciones asumidas al ratificarlos.
Por ello, como aporte a esta publicación, me centraré en el análisis de los tres mayores tratados internacionales que, con el objeto y fin de proteger los derechos de las mujeres, rigen en la región de América Latina y el Caribe.