En el año 2006 Felipe Calderón presidente de México, ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para luchar contra los cárteles del narcotráfico, situación que se fue expandiendo luego hacia otros estados. Desde entonces, más de medio millón de efectivos del Ejército y la Armada han suplantado a la policía en cientos de municipios de todo el país y aquella decisión no obtuvo los resultados esperados dado que las escalofriantes cifras de más de doscientos mil muertos casi medio millón de desplazados y casi 50 mil desaparecidos no es ni remotamente el efecto que se esperaba. El jueves 30 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Seguridad Interior con la cual el Gobierno podrá intervenir las Fuerzas Armadas, si identificase una “amenaza a la seguridad interior”. El resultado fue de 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones y ahora pasará al Senado mexicano. Esta Ley, ya ha generado rechazo en muchos organismos no gubernamentales tanto nacionales como internacionales, tal es el rechazo que el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien solicito que no se apruebe esa Ley, pero luego fue el representante del organismo con sede en Ginebra, quien lo solicitó.