Poco más de un año ha pasado desde que el Presidente Juan Manuel Santos firmara un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante, FARC), poniendo término a casi seis décadas de conflicto que le costó la vida a más de 220.000 personas y desplazó a 7 millones aproximadamente (Asmann, 2017). No obstante, el explosivo aumento de los cultivos de coca ha contribuido al escepticismo sobre su implementación.
Para frenar esta dramática tendencia, a inicios de 2017 el Gobierno colombiano aprobó de manera conjunta con las FARC un Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos cuyo objetivo es erradicar 100.000 hectáreas de cultivos hasta el próximo año mediante un programa mixto que contempla tres ejes: transformación de territorios, políticas de interdicción y atención del consumo