La posibilidad que la Administración quede obligada a los criterios jurídicos que fijó al resolver peticiones, en particular cuando aquellos importan la ampliación o reconocimiento de derechos o situaciones favorables para los peticionantes, es una temática que se trata en las obras clásicas de derecho administrativo, pero no siempre se propician similares soluciones. Tal tópico importa detenerse en la relevancia de la costumbre como productora de reglas jurídicas que, aún sin ley que así lo establezca, resulten idóneas para limitar la actuación de los órganos estatales. Aparece así el interrogante sobre si la Administración queda vinculada y por ello debe seguir la misma senda decisoria al presentarse análogas situaciones fácticas y jurídicas.