Los indicadores de salud vinculados con la anticoncepción y las estrategias a desarrollar como Políticas Públicas de Planificación Familiar muestran que la pandemia por COVID-19 implica riesgos para la continuidad de Programas de Salud Sexual y Reproductiva. La limitación de la provisión de medidas que tengan alcance mundial extendidas a grupos vulnerables de población sin duda ejercen un impacto negativo sobre ellos. Será impostergable implementar acciones de Salud Pública que eviten incrementos de morbimortalidad en mujeres y familias que en forma directa o indirecta se afecten por esta situación particular pero, esencialmente, se luche contra la inequidad en los derechos sexuales y reproductivos.
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