Ante una nueva revolución verde, el caso del trigo transgénico a la luz de la jurisprudencia bonaerense

Abstract

A mediados de la década de los 90, Argentina fue el primer eslabón en la expansión de la soja transgénica impulsada por la multinacional Monsanto. Precisamente allá por el año 1996 la entonces Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación aprobó, bajo resolución 167/96, la producción y comercialización de la soja Roundup Ready (RR) resistente al glifosato. Justamente ha sido el glifosato, como plaguicida, el insumo químico más cuestionado desde el ámbito científico como social por las pruebas fehacientes de su impacto tanto en el ambiente como en la salud humana. Luego de 25 años de aquel suceso, la República Argentina se encuentra ante otro hecho histórico de similar magnitud con la reciente aprobación, por parte del entonces Ministerio de Agricultura de la Nación, bajo resolución 27/2022, de la comercialización del trigo HB4, otro transgénico que cuenta con el uso del agroquímico denominado glufosinato de amonio. Dicha regulación tuvo su impulso por la empresa Bioceres que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel, un empresario que promueve los pool de siembra que consisten en el financiamiento de producciones agropecuarias sin dimensionar cuestiones como el arraigo o prácticas que protejan el ambiente. El actual contexto interpela sobre las medidas que pueden tomar los ciudadanos frente a estas innovaciones tecnológicas que carecen de suficientes estudios para determinar el alcance sobre sus impactos en el ambiente.