La modificación más trascendente al sistema educativo argentino no universitario desde la década del sesenta es la transferencia de los servicios nacionales a las provincias que, si bien abarcó varias etapas, se coronó entre 1992 y 1994. Esta transformación produjo un disgregamiento del sistema educativo nacional y consecuentemente de los salarios docentes que, mayoritariamente, se mantuvieron fijos o incluso se redujeron nominalmente lo que repercutió en una ampliación en la brecha salarial interjurisdiccional. A partir de 2003 el financiamiento nacional volvió a adquirir relevancia en un proceso que fue, acompañado de modificaciones normativas tendientes a armonizar el sistema educativo argentino. La incorporación del aporte federal -reflejado en el incentivo docente y en la compensación salarial docente- ha modelado un sendero de reducción en la brecha de desigualdad salarial jurisdiccional y, en particular desde 2007, el salario docente ha tenido un comportamiento relativo superior al resto de los ingresos de las actividades productivas, cuadruplicándose en promedio respecto a 2001.