Modificatoria del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la ley 12.405 fue sancionada el 22 de febrero del año 2000 y publicada en el Boletín Oficial -previo veto parcial y promulgación del gobernador Ruckauf- el 15 de marzo del mismo año.
La mencionada ley introdujo importantes reformas en el ordenamiento ritual en lo que hace a medidas de coerción -en especial al régimen excarcelatorio- y atribuciones de los funcionarios de policía. Concretamente, modifica los arts. 141, 151, 159, 166, 169, 171, 189, 269, 294 y 371 del C.P.P. Algunas de estas modificaciones son de enorme trascendencia para el proceso penal y han merecido severas críticas (así, la reforma del art. 169 inc. 10 -que se refiere al plazo razonable de la prisión preventiva- y del 294 inc. 8 -que vuelve a autorizar al personal policial a requerir del imputado "indicaciones e informaciones útiles" al modo del viejo 434 inc. 5° del código anterior).
Enmarcada en lo que algunos comentaristas han denominado la "contrarreforma"1 la ley 12.405 viene a profundizar la tendencia introducida por la ley 12.278 (B.O. 16/4/99) en cuanto limita la procedencia de las excarcelaciones en el proceso penal bonaerense.
Expuesto lo anterior corresponde señalar que este trabajo se acotará al análisis de la constitucionalidad de las limitaciones a la libertad provisional introducidas en el inciso “f” del tercer párrafo del art. 171, en cuanto dispone que se denegará la excarcelación cuando se trate de imputación de delitos cometidos “con violencia en las personas, en los casos del artículo 164 del Código Penal”.
Al respecto, analizaremos los fundamentos de tres fallos que se pronuncian sobre la cuestión: los dos primeros resuelven la inconstitucionalidad de la mencionada norma (casos "Sacco", resolución del Juzgado de Garantías Nro. 2 de San Martín de fecha 24/3/00 y "Iachowicz" del Juzgado de Garantías Nro. 2 de Dolores del 29/03/00), en tanto que el restante se decide por su constitucionalidad (caso “Diez” de la Cámara Penal de La Plata).