Apropiación ilegal de tierras públicas en la provincia de Chaco

Abstract

En los últimos años, la apropiación o el acaparamiento de tierras ha llamado la atención de activistas e investigadores principalmente de América Latina y África. En Argentina, la agenda de investigación sobre el acaparamiento de tierras se construyó en torno tanto a definiciones teóricas disímiles como a una serie de interrogantes, muchas veces analizados de forma interrelacionada, pero se ha prestado poca atención al rol del Estado en el acaparamiento de tierras. Consideramos que el rol de los gobiernos locales o nacionales en el acaparamiento de tierras requiere no sólo prestar atención en los mecanismos legales, sino también poner foco en cómo el Estado, de varias maneras, facilita el acaparamiento a partir de su participación en mecanismos que podrían ser considerados como ilegales (Ribot y Peluso, 2003). En la provincia de Chaco, los procesos de colonización, entrega y regularización de la tierra pública en la provincia han sido atravesados históricamente por procesos de entrega fraudulentos en perjuicio de las comunidades indígenas, campesinos y pequeños productores, dando cuenta de una simbiosis de carácter criminal en la actuación del poder político y empresarios como condición del acaparamiento de tierras. En este contexto, la aparición en el espacio público de diversas organizaciones, principalmente campesinas e indígenas, generó la apertura de un proceso de “accountability social” (Smulovitz, 2001), instaurando un litigio en torno al acaparamiento ilegal de la tierra pública. En este trabajo nos interesa analizar y comprender el litigio en torno al acceso ilegal de tierras públicas en la provincia de Chaco instaurado a partir del proceso de “accountability social”. Para dar cuenta de ello, en el primer apartado se presentan algunos puntos de partida a nivel teórico. En un segundo apartado, nos interesa dar cuenta bajo qué condiciones los procesos de acaparamiento ilegal de tierras llegan a ser definidos y reconocidos como “delito” y, por ende, pasibles de algún tipo de intervención estatal. En el tercer apartado, analizaremos las respuestas estatales frente a la problemática tratada.