El presidente Milei y 17 de los 23 gobernadores más el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el “Acta de Mayo” en la ciudad de San Miguel de Tucumán el pasado 9 de julio. El documento establece diez principios de un nuevo orden político y económico, el noveno de los cuales está referido a la reforma previsional: “Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”.
La inclusión de la reforma previsional dentro de un acuerdo entre la Nación y las provincias es apropiada porque, como se verá a continuación, en ambas jurisdicciones es necesario ordenar los regímenes previsionales para enfrentar el proceso de envejecimiento poblacional.
En Argentina, al igual que en el resto de los países del mundo, la población está envejeciendo como resultado de la disminución en la tasa de natalidad y el aumento en la esperanza de vida; en términos de la sustentabilidad, significa que una menor proporción de personas en la edad activa (PEA) tendrá que sostener a más adultos mayores, por más tiempo. La creación de nuevos trabajos asociados al proceso de cambio tecnológico generará menos empleos formales y estables por empresa, como era común en el siglo pasado; y abrirá paso a empleos más flexibles, no siempre encuadrados en la relación de dependencia, sino en nuevas modalidades contractuales más difíciles de vincular con las contribuciones a la seguridad social tradicional. América Latina, por otras razones, tiene mercados laborales duales, conformados por trabajo formal e informal, con distintas importancias relativas entre los países de la región; que establece otro límite al financiamiento contributivo de los regímenes previsionales. En la perspectiva fiscal el desafío del envejecimiento es aún mayor porque involucra, además, el financiamiento de los gastos asociados a la salud y al cuidado de los adultos mayores.