En español
Una de las respuestas ante la pandemia de la COVID-19 ha sido un rápido traslado de las tareas laborales que se realizaban de modo presencial al hogar bajo la modalidad de teletrabajo. En este contexto, en Argentina se aceleraron las discusiones en torno a la necesidad de regulaciones específicas para el teletrabajo y se sancionó una ley que otorga un marco general para esta modalidad, la cual entrará en vigencia una vez concluido el período de aislamiento social obligatorio por la pandemia. El objetivo de este artículo es analizar el debate público en torno a la ley de teletrabajo aprobada en 2020 a partir de tres dimensiones: el espacio de trabajo, la jornada laboral y la organización colectiva. Realizamos un abordaje cualitativo basado en el análisis de documentos legales y de discursos en el ámbito legislativo y periodístico que reflejan la voz de actores políticos, sindicales y empresariales. Los resultados revelan que la totalidad de los actores señalan la necesidad de adecuar el marco normativo ante el cambio laboral en curso, aunque en formas diferentes; mientras algunos advierten el riesgo de pérdida de derechos laborales, otros resaltan sus potencialidades para crear mejores empleos y otros la necesidad de regulación estatal ante la desigualdad laboral.
En inglés
One of the responses to the COVID-19 pandemic has been a rapid transfer of work tasks that were performed in person to teleworking. In this context, in Argentina, discussions about the need for specific regulations for teleworking were accelerated and a law that provides a general framework for this modality was approved to be applied once the quarantine ends. The objective of this article is to analyze the public debate around the teleworking law passed in the year 2020 considering three dimensions: workspace, working schedule and collective organization. With a qualitative approach, the study is based on the analysis of legal documents, speeches in the legislative sphere and press articles, which reflect the voice of political, union and business actors. The results reveal that all the actors involved point out the need to adapt the legal system to the labor changes, although in different ways: while some of them warn about the risk of loss of labor rights, others highlight its potential to create better jobs, and others the need for state regulation to fight labor inequality.