El lawfare desde los procesos colectivos

Abstract

Los procesos colectivos resultan una herramienta con la capacidad suficiente de estimular directamente a la autoridad estatal, quien posee la obligación de garantizar el acceso colectivo a la justicia y de tutelar efectivamente los derechos humanos. Ante la presencia de políticas abusivas tanto del sector público como del privado los procesos colectivos posibilitan la participación ciudadana en aquellos asuntos de interés público, convirtiéndose en un instrumento sumamente fructífero para la resolución de conflictos donde existen fuertes implicancias sociales y políticas estructurales. En el caso del lawfare las consecuencias colectivas que genera dicho fenómeno son sumamente evidentes. La judicialización de la política denota su carácter policéntrico producto de los numerosos nodos de intereses que allí se confrontan. El lawfare no sólo violenta los derechos y las garantías individuales del o la dirigente que vivencia y sufre la guerra política por la vía judicial, sino que también violenta los derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas que se beneficiarían de las políticas de transformación estructural que emprenden dichos dirigentes y por lo cual muy probablemente resultan perseguidos o perseguidas. ¿Por qué no poder accionar colectivamente ante ello? ¿Acaso no hay consecuencias del lawfare en los derechos humanos y colectivos?