El concepto de delitos de cuello blanco, acuñado por el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland a mediados del siglo XX surge como consecuencia de una investigación empírica realizada sobre alrededor de 70 grandes empresas. Originariamente se lo define como “delitos cometidos por individuos respetables y de alto status social”. Actualmente se utiliza para hace referencia a ilícitos cometidos por empresarios poderosos que raramente son sancionados (Virgolini 2021). La investigación originaria de Sutherland se refiere a las principales empresas privadas de Estados Unidos, las que hoy se han convertido en poderosos holdings con proyección internacional.
El concepto de lawfare está en elaboración pero básicamente alude a una persecución ilegal realizada desde aparatos del Estado y medios de comunicación concentrados (Romano, 2019). Nuestra hipótesis pretende ampliar el concepto de lawfare, incorporando el problema de la protección estatal y mediática a los poderosos. Desde principios del siglo XXI diversos Gobiernos populares de América Latina, con fuerte participación de movimientos sociales, impulsaron la investigación de delitos de los poderosos, tales como complicidad con las últimas Dictaduras cívico-militares, evasión impositiva, contrabando, sobornos sistemáticos y fraudes desde el Estado. Estos procesos encontraron fuertes resistencias en sectores del aparato judicial El caso argentino es ilustrativo ya que importantes grupos económicos fueron denunciados e investigados, pero después de varios años se mantiene la impunidad.