Entre los cambios sociales más significativos de las últimas décadas se encuentra la aprobación y actualización de normativas vinculadas a la materia de género, derivadas de incansables luchas feministas y otros colectivos que buscan generar modificaciones estructurales y propiciar una sociedad más igualitaria e inclusiva. La desigualdad por motivos de género hunde sus raíces en las profundidades de la construcción social humana, por lo que resulta fundamental una presencia del Estado con políticas públicas para acompañar, responder y promover soluciones adecuadas a las reivindicaciones que estas luchas reclaman.
Desde finales del Siglo 20 y durante las primeras décadas del Siglo 21, sucesivos gobiernos nacionales formularon diversas propuestas destinadas a la sociedad y enfocadas también al interior de la administración pública, transversales, abarcativas a todas las áreas de gobierno y dedicadas a generar cambios en el funcionamiento de cada organismo, ente o jurisdicción. En este contexto adquiere capital importancia la implementación de la Ley Micaela, entre otras.
En miras de alcanzar una transversalidad de género debe aplicarse el principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres, LGTBIQ+ y hombres a las Políticas Públicas, como una forma de garantizar acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones. Por eso, el éxito de estas políticas exige concebir su diseño, implementación, desarrollo, evaluación y control aplicando la perspectiva de género desde su origen. Y ello implica que, indefectiblemente, el control interno de todas las áreas sea igualmente transversal.
Si bien, las políticas de género se apoyan en un principio de transversalidad, cada jurisdicción u organismo presenta realidades muy dispares. Particularmente, este trabajo se centrará en los cambios producidos en materia de género que desarrollan el Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas que permanecen bajo su órbita, a través de un área específica, la Dirección de Políticas de Género, que registra amplia trayectoria propiciando cambios estructurales en su jurisdicción y su control interno.
En este contexto resulta pertinente evaluar el rol desarrollado hasta ahora por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en materia de género y para ello se analizará el camino recorrido por ese órgano rector en materia de control interno.
Este trabajo intentará incorporar herramientas novedosas como son las Auditorias Participativas en materia de género a raíz de un trabajo realizado en la temática por la Organización Internacional del Trabajo, y que se han visto replicadas en algunas experiencias internacionales.
Asimismo y dentro de la Administración Pública Nacional, se analizará el caso del Ministerio de Defensa, jurisdicción que cuenta con un órgano rector en materia de género, la Dirección de Políticas de Género.