A lo largo del mundo hoy en día se ha puesto en discusión la forma en que se evalúa la actividad científica en toda su dimensión y muy particularmente, las carreras profesionales de los investigadores, tal cuestionamiento parece apropiado a la luz del descrédito de los indicadores tradicionales tales como el factor de impacto y, fundamentalmente ante una defensa y avance de la ciencia abierta que propone la apertura del proceso de investigación y cambios profundos en cuanto a los productos que se consideran importantes en una investigación (más allá del artículo científico) así como del proceso de comunicación de la ciencia que requiere profundos cambios y nuevas habilidades o el proceso en particular de intervención -y apropiación- en el caso de la ciencia ciudadana que exigen un trabajo colaborativo que requiere otros modos de actuación.
Está claro y se ha discutido en numerosos ámbitos que este asunto es un tema de gobernanza de la ciencia el cual impone además de la evaluación los temas de políticas, incentivos y financiamiento y surge más que nunca que países que cuentan hasta con legislación de acceso abierto y ciencia abierta no pueden contrariar el asunto con una evaluación meramente cuantitativa y basada en indicadores de impacto producidos por empresas, editoriales que reúnen un número limitado de revistas y con numerosas prácticas de apropiación de la vía dorada del acceso abierto a través del pago de APCs o el adelanto de tales pagos como el caso del Plan S. Tanto desde Europa cuanto desde América Latina quien ha liderado el AA en muchos aspectos, se han planteado numerosas propuestas alternativas aunque sin demasiado éxito a la hora de plasmarlos en la evaluación, excepto cuando en el financiamiento se requiere el depósito en repositorios de acceso abierto, la vía verde que parece descomplejizar el asunto (caso Europa).