El gobierno de Javier Milei ha emprendido una ofensiva marcada y sistemática contra las universidades públicas y el sistema científico y tecnológico en Argentina. A través de recortes de financiamiento, cuestionamientos a la autonomía y un discurso que denigra la educación superior pública y la investigación, sus políticas apuntan a demoler los pilares de la educación pública toda y de la ciencia en el país. Amparándose en el supuesto de preservar el “equilibrio fiscal” y de combatir la “corrupción”, Milei pretende justificar un conjunto de medidas de ajuste y degradación de derechos que atentan contra el desarrollo integral y el futuro de Argentina. De acuerdo al Grupo EPC-CIICTI, por ejemplo, en octubre de 2024, la Función Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional alcanzó un mínimo histórico (EPC-CIICTi, 2024a), continuando la política de desfinanciamiento que se observó durante todo el año (EPC-CIICTI, 2024b) y en cuyo seno la ex Jurisdicción 71 – MINCyT (aquella que involucra la actual Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el CONICET, la Agencia I+D+i y la CONAE) es una de las que mayores retracciones de ejecución presupuestaria demuestra. Entre tantos otros problemas y limitaciones, este derrotero desconoce la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27614) sancionada en el año 2021. Este editorial, sin ser exhaustivo, pretende examinar someramente los elementos clave de esta ofensiva y sus implicancias para el país.