Democratización de la comunicación, derechos y soberanía

Abstract

En nuestra región, la llegada al gobierno de las derechas y las elites latinoamericanas marcan un alarmante retroceso en materia de derechos humanos y del derecho a la comunicación. El caso argentino es uno de los más representativos: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 ricuyo proceso de elaboración multisectorial y federal, así como por su comprensión de la comunicación como derecho humano, han sido elogiados en todo el mundo- fue derogada a pocos días de la asunción del gobierno de Mauricio Macri mediante un decreto de necesidad y urgencia, enunciando que la comunicación no debe ser regulada sino por las lógicas del mercado. Las desventajas en relación a los accesos a frecuencias y tecnologías implican desigualdades materiales y simbólicas, con su consecuente impacto en la estructuración de los sentidos hegemónicos que ordenan las memorias y los destinos de nuestros pueblos. Atentas a la inequidad en la distribución de la palabra, estas leyes han tenido como finalidad la democratización de la comunicación en nuestra región, desplazando aquellas regulaciones impuestas por las dictaduras y los gobiernos neoliberales que habían otorgado a la palabra una lógica comercial, tendiente a la concentración de la propiedad de los medios-empresas. Las derechas regionales, en colaboración con los poderes económicos globales, han articulado tres estructuras que actúan como bloque hegemónico: el sistema financiero, el poder judicial y los medios de comunicación. Fruto de esta alianza se han gestado los llamados “golpes blandos”, esto es, procesos destituyentes que se inscriben en el sistema institucional democrático. Los procesos políticos que promueven la democratización de la comunicación han constituido una clara amenaza para aquellos que pretenden monopolizar la palabra coadyuvando a la instauración de regímenes conservadores, los cuales se afirman mediante el avasallamiento de derechos sociales y la censura y tergiversación de voces, reclamos y expresiones del campo popular. Estas derechas regionales operan mediante la estigmatización de dirigentes populares, la deslegitimación de la política, el vaciamiento de la palabra pública, a la vez que con el desarrollo de unas pedagogías del miedo al otro y de la vergüenza a lo propio. Con ello, hoy están en juego nuestras democracias, derechos y prácticas ciudadanas.

In our region, the arrival of Latin American right and elites to the government represents an alarming setback in terms of human rights and communication rights. The Argentine case is one of the most representative: the Law on Audiovisual Communication Services of 2009 -whose multisectorial and federal elaboration process, as well as its understanding of communication as a human right, have been praised all over the world- was repealed by a Necessity and Urgency Decree a few days after Mauricio Macri's government took office, arguing that communication should not be regulated except by the logic of the market. Differential access to technologies and radioelectric frequencies cause material and symbolic inequalities, with their consequent impact on the structuring of the hegemonic discourse that orders the memories and destinies of our peoples. Considering the unequal distribution of voices, the purpose of these laws has been to democratize the communication in our region, displacing the regulations imposed by the dictatorships and the neoliberal governments that had given a commercial logic to the words and tended to the concentration of ownership of media companies. The regional right-wing, in collaboration with global economic power, have articulated three structures that act as a hegemonic bloc: the financial system, the judiciary and the media. As a result of this alliance, the so-called "soft hit of State" have been created, that is, the destabilizing processes that are part of the democratic institutional system. The political processes that promote the democratization of communication are a clear threat to those who seek to monopolize the word by contributing to the establishment of conservative regimes, which are consolidated through the subjugation of social rights, as well as with censorship and misrepresentation of voices, claims and expressions of the grass roots. The right-wing operate through the stigmatization of popular leaders, the de-legitimization of politics, the hollowing out of the public discourse and, at the same time, with the development of pedagogies of fear of the other and of shame of oneself. For all these reasons, our democracies, rights and citizen practices are in jeopardy today.