El desarrollo sostenido de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todos los ámbitos del quehacer humano ha ido generando toda una amplia gama de actividades y funciones que suelen identificarse con el prefijo “e[1]. De esta forma hoy estamos familiarizados con términos tales como “e-commerce”, “e-learning”, “e-banking”., y hasta comienza a hablarse de la “e-salud”, el “e-trabajo”., etc. Todos ellos en definitiva lo que hacen es remarcar “el medio”, “el instrumento” al que se apela actualmente para desarrollar esas actividades antes reservadas a la interacción personal o, en el mejor de los casos a través de algún servicio telefónico.
Precisamente desde el punto de vista de las opciones que este tipo de tecnología permite en la vinculación del ciudadano con las administraciones, se ha desarrollado el concepto de “e-government” o “gobierno electrónico” para hacer referencia al “…uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos”.