Más allá de las notables diferencias entre los gobiernos latinoamericanos democráticamente electos en el último decenio, verificamos una tendencia regional a reposicionar al Estado como “actor fundamental de la regulación del mercado, la promoción del desarrollo y el bienestar social, operando directa o indirectamente en sectores considerados clave para el logro de esos fines y una articulación más equilibrada en los escenarios internacionales”.