Las percepciones de riesgo en materia de seguridad se asocian, frecuentemente, con actividades delictivas que amenazan a ciudadanos y a ciudadanas ubicados/as en la posición de víctimas. A partir de la escenificación de noticias sobre microdelitos, los relatos periodísticos amplifican el miedo urbano en un espiral de discursos victimizantes que legitiman la necesidad de mayor “efectividad” en políticas de prevención y de castigo. El problema de la falta de seguridad no deviene novedoso. Constituye más bien un tema (central) de la agenda pública que irrumpe, se mantiene y declina en coyunturas históricas diversas. El resultado de disputas (con)descendientes de las esferas política, económica, policial y judicial descubre (y comprende) el accionar periodístico en mecanismos que funcionan de modo semejante al sistema penal: la selectividad de prácticas y de valores naturalizados como producto y efecto del Derecho se expresa en la exclusión, inclusión y jerarquización de información periodística.
La presión ejercida en los juegos de poder forja y habilita el consentimiento de prácticas punitivas hacia sujetos expulsados de un orden social desigual.