Justicia ambiental global

Abstract

El <i>Programa Hábitat consensuado</i> en la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Estambul en 1996 reconoce entre sus principios que los asentamientos humanos equitativos son aquellos donde todos sus habitantes tienen las mismas oportunidades de acceso a la vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, los alimentos, el agua, la educación y los espacios abiertos. Considera también que la erradicación de la pobreza es indispensable para la sostenibilidad de los asentamientos humanos y plantea a través de objetivos, una serie de compromisos que deben cumplir los países firmantes. Entre ellos debemos destacar el compromiso de controlar la coherencia y la coordinación de las políticas macroeconómicas con relación a las políticas de vivienda como prioridad social en el marco de los programas de desarrollo nacional y de políticas urbanas. El fin de este compromiso es el de apoyar la movilización de recursos, la generación de empleo, la erradicación de la pobreza y la integración social. Sin embargo podemos observar que los modelos de desarrollo implementados en la mayor parte de los países de latinoamericanos se caracterizan por establecer patrones de concentración de renta y poder, así como procesos acelerados de urbanización que contribuyen a la depredación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. En consecuencia las ciudades están lejos de ofrecer esas condiciones y oportunidades equitativas planteadas en el programa. El trabajo consiste en la búsqueda de las contradicciones entre los compromisos asumidos en programas globales relacionados al hábitat y los resultados alcanzados en los procesos de transformaciones territoriales ocurridos en los últimos veinte años en el Área Metropolitana.