Varios actores y analistas coinciden, en esta hora crítica del proceso de integración, en la demanda de cambios profundos en el modelo mercosuriano. Impulsan un tratamiento efectivo del tema de las asimetrías en el bloque para volver hospitalario el MERCOSUR para sus socios más pequeños. Empujan por una nueva institucionalidad que consolide el rol de los Parlamentos y de los actores de la sociedad civil, no sólo como forma de superar el «déficit democrático» del proceso sino para aumentar también la eficacia socio–económica de sus acciones y restringir los alcances de un interpresidencialismo que no ha logrado la profundización del proceso y que, por el contrario, parece coadyuvar en la consolidación de los obstáculos (bilateralismos entre los grandes, impotencia para resolver conflictos, visiones de un nacionalismo ensimismado que impide el desarrollo de vocaciones regionalistas genuinas, etc.). Reivindican asimismo un perfil de políticas integradas más proactivo y articulado, que no se limite a lo arancelario o a la coordinación macroeconómica sino que amplíe la agenda hacia temas como la complementación productiva, la articulación de políticas sectoriales, el decidido protagonismo común frente a los acuerdos con terceros y frente a la larga lista de los temas de una agenda externa común que sigue siendo decisiva para evitar la tentación inconducente de los bilateralismos en solitario, entre otros puntos. Defienden en suma un enfoque integracionista más integral, que se haga cargo de las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales del proceso y que hasta se anime (sin espíritu de fusión ni de eliminación de las identidades nacionales preexistentes) a construir los cimientos de una nueva ciudadanía mercosureña, con referencia en derechos y en sentidos de pertenencia de proyección regional.