El proceso de integración europeo enfrenta actualmente tres desafíos que son tema de intenso debate entre sus Estados Miembros y con la Comisión Europea:
a) la inmigración ilegal; b) la reforma de la Política Agrícola Común y c) la revisión del marco institucional y del proceso comunitario de decisión con vistas a la próxima ampliación hacia el Este de Europa. En el primer caso, el tema de la inmigración se ha instalado firmemente a nivel comunitario dejando de ser -como hasta ahora- competencia nacional exclusiva. Desde el punto de vista de América Latina, este salto “diluye” la flexibilidad con la que hasta hoy algunos Estados Miembros trataban a los inmigrantes originarios de nuestra región (España, ltalia, Portugal). La actual Política Agrícola Común ha llevado a distorsiones básicas que afectan ya no solo la economía sino también directamente la salud de la población europea. Una reforma transparente y amplia de la misma, aceleraría el ritmo de la próxima ronda de negociaciones en materia agrícola en el seno de la OMC y daría un impulso decisivo al acuerdo MERCOSUR-Unión Europea. Finalmente, el tercer objeto de discusión en la agenda europea consiste en el diseño de las nuevas instituciones comunitarias y en especial el proceso de toma de decisiones con vistas a la próxima ampliación. En este caso se enfrentan dos posiciones. Por una parte, aquellos partidarios de establecer un sistema de minoría calificada” compuesta por un grupo reducido de países grandes y, por la otra, la mayoría de los Estados Miembros actuales que sostienen la necesidad de respetar un esquema de estricta igualdad basado en el criterio “un país, un voto”. Desde la perspectiva argentina y del Mercosur, parece conveniente esta segunda posición que prestaría un mayor equilibrio a la faz externa europea y aceleraría el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea.