El día 10 de septiembre de 2012 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), mediante una nota oficial dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, eludiendo de esta manera las obligaciones adoptadas frente al régimen internacional y defraudando a la comunidad internacional en su conjunto y todos los individuos que encuentran amparo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Haciendo uso de una “decisión soberana”, el presidente Hugo Chávez decidió sustraerse de la jurisdicción de la Corte Interamericana y por lo tanto, de la supervisión en el cumplimiento de los derechos humanos en su país.
(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)