El ascenso a la presidencia de Bolivia del dirigente sindical Juan Evo Morales –“Evo” en la voz popular –despertó grandes expectativas. El nuevo discurso estatal promueve una perspectiva de cambios profundos, orientada a la construcción de nuevas relaciones económicas, sociales y politicas justas y equitativas. ¿En qué medida podemos evidenciar dicha orientación en las prácticas gubernamentales y políticas públicas que marcaron los primeros ocho años de gestión del presidente Morales (2006-2013) en materia de seguridad ciudadana? El presente artículo responde a esa pregunta mediante una revisión de los alcances prácticos de dos premisas del postulado proceso de cambio boliviano: (1) el entendimiento de la seguridad ciudadana como Bien público; y (2) el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control social.