Inmersos ya en el siglo XXI, los pueblos indígenas del mundo continúan aún haciendo frente a importantes dificultades para obtener el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos sobre los recursos naturales que albergan sus territorios. En el caso de América Latina, son numerosas las comunidades indígenas que deben hacer frente a la exploración y explotación de recursos naturales de tan alto valor económico y estratégico como los energéticos. La normativa internacional de protección de los recursos naturales indígenas se revela insuficiente; la legislación estatal interna, muy dispar. El análisis de ambas sugiere un importante nivel de indefensión frente a la creciente presión de las empresas transnacionales del sector de la energía, que, por su parte, pretenden estar ofreciedo oportunidades de mejora de las condiciones de vida a los pueblos originarios. Oportunidad y amenaza se entremezclan: el equilibrio resulta difícil de alcanzar.