En español
La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 supuso un cambio de rumbo: posicionó al Estado como garante de derechos sociales a la comunicación. Este cambio de rumbo fue objeto de una campaña de desprestigio tan inusual que reveló la convulsión de los principales grupos a los que la ley sorprendió sin estrategia. La suspensión y el levantamiento de la norma por parte de la Corte Suprema de Justicia ponen de relieve la importancia que la ley tiene en relación a un sistema de medios estructurado sobre la base de la concentración de la propiedad, la centralización de la producción y la ausencia de medios públicos no-gubernamentales. La aplicación de la nueva norma promete afectar y transformar estos tres aspectos, en un contexto de convergencia digital que el artículo también analiza.
En inglés
The new Law on Audiovisual Communication Services 26522 has a change the State´s rol as guarantor of social rights to communication. This question was the subject of a agressive campaign for the main media groups to which the law caught without a strategy. The suspension and the re-position of the Law by the Supreme Court highlighted the importance of the question: the relationship between the the Law and the media system, based on ownership concentration, centralization of production and the absence of public and non-governmental media. The implementation of the new Law promises to affect and transform these three aspects in the context of digital convergence that the article also discusses.