Lamentablemente, no es ninguna novedad comenzar estas líneas advirtiendo que la Ley de Radiodifusión 22.285, dictada por la última dictadura militar, de corte autoritario, centralista y discriminatorio sigue vigente. Los múltiples frustrados intentos por modificarla en los 24 años desde la instalación de la democracia, evidencian los profundos intereses que esta cuestión entraña. También es conocido por todos que desde comienzos de los años 90 se desarrolló en Argentina la génesis de una matriz jurídico-político comunicacional, que eliminó de aquella norma la traba para la constitución de gigantescos “grupos multimedios”, signo emblemático de esta nueva matriz y que, a su vez, da testimonio de cómo la radiodifusión y las telecomunicaciones se relacionan en nuestro país con el proceso privatizador y de concentración de la propiedad.