El planteo del presente trabajo aborda la oralidad como una verdadera garantía de la tutela judicial efectiva del proceso laboral actual. Parte de la idea de que, tratándose de derechos humanos, el estado debe establecer todos los mecanismos necesarios para tornar operativos los mismos, en tanto resulta responsable del efectivo y pleno ejercicio de aquellos por parte de los ciudadanos. A esto se le suma la obligación de actuar que surge del principio de oficiosidad de los procesos laborales y los lineamientos que surgen de las concepciones del estado liberal moderno, dónde el diálogo se posiciona como una herramienta irremplazable. Dicha interpretación le otorga a la oralidad carácter de garantía procesal y a su aplicación en las legislaciones como indispensable.