Los fracasos, relativos, que el proyecto político-económico de Unión Europea ha cosechado en algunos países como Irlanda o Dinamarca y absolutos, como en el caso de Noruega, han sido interpretados por la burocracia de Bruselas y, en particular, por la Comisión Europea, como una falta de transparencia que no consigue transmitir a los ciudadanos comunitarios el entusiasmo que la idea necesita. El rechazo de la opacidad y la creencia en que la transparencia informativa es un bien jurídico que necesita protección legal se ha convertido en un prejuicio inspirador de los últimos textos comunitarios y, llamativamente, de algunos estatales españoles en los que no deja de resultar llamativo. Así, con fecha de 6 de mayo de 2002 han sido publicadas dos leyes reguladoras de diferentes aspectos del nuevo Centro Nacional de Inteligencia, que viene a sustituir al viejo CESID.