La aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en Argentina, reconfiguró el modo de pensar los medios, sus contenidos, sus prácticas y sus actores. Por primera vez una ley que regula servicios de comunicación considera a los pueblos originarios como posibles prestadores. Esta conquista del derecho a la comunicación se logró desde la demanda de los comunicadores indígenas por la comunicación con identidad como instancia diferenciadora de otras prácticas de comunicación política emancipadora.
Esta tesis revisa las prácticas de comunicación de FM Comunitaria La Voz Indígena, en Tartagal, Provincia de Salta. Se trata del primer medio gestionado y conducido por pueblos originarios en la provincia, previo a la aprobación de la Ley 26.522. La particularidad de la radio reside en incluir a los siete pueblos originarios que habitan la región norte de Argentina y, constituirse en un espacio plurilingüe y pluricultural. La radio, en 2008, adoptó para si las categorías comunitarias e indígenas en su forma de identificación. Luego esta definición interpeló al colectivo de comunicación indígena, pues a partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual irrumpe la comunicación con identidad.
El enfoque metodológico es de corte cualitativo y recoge para su análisis la documentación referida a los derechos indígenas con énfasis en el derecho a la comunicación, las condiciones materiales que posibilitaron el nacimiento de FM Comunitaria La Voz Indígena, un estado del arte acerca de las posiciones teóricas de la comunicación Alternativa, Popular o Comunitaria y una revisión de los modos de considerar la identidad en estas situaciones. Por otra parte analiza las dimensiones políticas, organizacionales, estéticas y económicas del medio, indagando las particularidades que encierra la comunicación mediada por la tecnología y producida por pueblos originarios del Departamento San Martín.
La comunicación con identidad emerge en la comunicación política, como una demanda por la reconsideración de un Estado, ya no monocultural y monolingüe sino que incluya la diversidad cultural que alberga nuestro país y desde una perspectiva superadora de las instancias de asistencialismo desde el que se consideran las políticas públicas.