Hacia 1786, el Cabildo de Buenos Aires informaba sobre la necesidad de la instalación de un Consulado para la ciudad, y con él, la de una jurisdicción privativa para los comerciantes. En su escrito, del 22 de julio de aquel año, se argumentaba que: porque con efecto nada puede conceptuarse mas ventajoso, que el que la universidad de Negociantes tenga un tribunal, á cuyo cargo se confie la resolución de todas sus causas relativas á el Comercio, y unas Leyes a las quales se atemperen todas quantas decisiones ocurran: medio el mas interesante para evitar controversias demorosas, y para que se ebacuen evitando las ritualidades prescriptas en el foro que suelen hacer muchas veces las causas impertinentes, y odiosas.
El contexto en el que este pedido ocurría era el del crecimiento mercantil de Buenos Aires, refrendado por la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. En paralelo, la corona reconocía la necesidad de crear consulados en el ámbito americano, desde el Reglamento de Libre Comercio, de 1778, que ponía fin al monopolio y sentaba las bases para nuevos cuerpos.