El Estado apostó en la última década a la economía del conocimiento. Financió proyectos estratégicos, invirtió en la formación de investigadores e infraestructura y ubicó a la Argentina entre los pocos países que dominan tecnologías de alta complejidad. El sector privado, fiel a la disciplina de la usura, permaneció ausente: las multinacionales tienen nulo interés en realizar investigación y desarrollo en el país que hoy gobiernan.