La relación que el Estado argentino ha mantenido con los movimientos sociales se ha ido transformando de acuerdo con los distintos gobiernos nacionales. En tiempos de auge de implementación de políticas neoliberales, las dinámicas de movilización de agrupaciones golpeadas por estas medidas se caracterizaron por la confrontación –reclamo de mejores condiciones de vida y rechazo al neoliberalismo como política de Estado–. Por parte, las respuestas del gobierno a través de las políticas públicas resultaban insuficientes, cuando no significaban persecución, rechazo, deslegitimación de las agrupaciones y falta de escucha de los reclamos.