Futuro por pasado

Abstract

Cuatro años se tomó la Corte para resolver la constitucionalidad plena de la Ley 26.522, mientras un carrusel de cautelares custodiaba los intereses de <i>Clarín</i>. En 2015, las resoluciones para que este no practicara la desconcentración se multiplicaron. Luego vinieron los decretos, y los cortesanos avalaron con su silencio. Una secuencia que deja la pregunta por la posibilidad de alcanzar transformaciones democráticas profundas sin deshacer las amarras que mantienen al Poder Judicial al servicio de las élites.