El 4 de marzo, cuando el poder policial-judicial utilizó la fuerza del Estado para intimidar a Lula da Silva, fue el golpe antes del golpe. Seis meses después, Dilma Rousseff era derrocada por el voto de 61 senadores que desconocieron la voluntad de 54,4 millones de electores. Entre ambos acontecimientos, 179 días como lance inicial de una avanzada cuyo objetivo es lograr, por la vía jurídica, la proscripción de quien es el actor central de la política brasilera desde hace casi tres décadas.