En 2014 comenzó en Mendoza el megajuicio por crímenes de lesa humanidad que sentó en el banquillo a funcionarios del Poder Judicial. Cientos de pruebas y testigos develaron la participación necesaria de quienes, además, obstaculizaron en democracia los juicios a los represores. Hoy, las audiencias se dan por goteo y al ex juez Otilio Romano le concedieron la prisión domiciliaria. El derrotero de los magistrados genocidas como expresión de la aspiración a la impunidad.