La sanción de la ley de identidad de género marcó un quiebre en la historia del colectivo trans y travesti de nuestro país e implicó avances sustanciales en materia de derechos humanos que, desde la asunción de Mauricio Macri, sufren un retroceso exponencial. Hoy asistimos al incremento de la violencia institucional y de prácticas represivas con un claro perfilamiento discriminatorio que se acentúa en el caso de quienes son migrantes. En la provincia de Buenos Aires, las muertes de Angie Velásquez Ramírez y Pamela Macedo Panduro son su más atroz consecuencia.