Colombia no ha sido la excepción en la eterna lucha por garantizar el derecho a la comunicación, uno de cuyos principales obstáculos está en que la mayoría de la población no lo asume como un derecho fundamental.
Es claro que tanto por razones históricas como de la política pública, que ha privilegiado la rentabilidad económica sobre la rentabilidad social, han sido lentos los avances del modelo de medios comunitarios, en comparación con el gran auge del comercial.
Aunque no es malo per se que se haya impuesto la dinámica comercial en un medio como la radio que empezaba a abrirse paso y, por consiguiente, todo estaba por aprenderse, sí es muy diciente que, de manera oficial, sólo se haya abierto la posibilidad de fundar y entregar en concesión medios comunitarios con la Constitución de 1991, uno de cuyos principios fundamentales establece que “Colombia es un Estado social de derecho”… “democrática, participativa y pluralista. Y que cuatro años después (gobierno de Ernesto Samper Pizano) se hubiera iniciado el proceso de adjudicación de emisoras comunitarias. Es decir, las primeras emisoras comunitarias en Colombia fueron adjudicadas ¡67 años después de haberse fundado La voz de Barranquilla, la primera radioestación privada de Colombia!
Postulamos aquí la necesidad de apelar a nuevas y creativas formas y prácticas para hacer vigente el derecho a la comunicación, en un contexto adverso y, en no pocas ocasiones, hostil a las iniciativas populares.